En busca de nuestros orígenes: la regulación de las pruebas genéticas de libre acceso

En Francia, el uso de pruebas genéticas con fines personales o privados está estrictamente prohibido fuera del marco de un procedimiento judicial o de una prescripción médica. La ley prevé una sanción penal de hasta 3 750 euros de multa para quienes soliciten dichas pruebas. Sin embargo, esta prohibición general entra ahora en conflicto directo con la realidad del uso que se hace efectivamente de dichas pruebas. La necesidad fundamental de conocer los propios orígenes, especialmente acuciante entre las personas nacidas de donantes anónimos, las que fueron adoptadas o las concebidas mediante técnicas de reproducción asistida (TRA) con un donante externo, está llevando a muchos ciudadanos a eludir la ley.
La brecha entre la ley y la práctica se ha vuelto enorme. Cada año, entre 100 000 y 150 000 franceses solicitan kits de saliva a través de plataformas extranjeras. Se estima que, hasta la fecha, entre 1,5 y 2 millones de nuestros conciudadanos ya han optado por actuar ilegalmente para rastrear su historia personal. Ante esta elusión generalizada, nunca se aplican sanciones penales, lo que pone de manifiesto la total ineficacia de la legislación nacional.
Este vacío normativo genera una importante incertidumbre jurídica y sanitaria. Al mantener esta prohibición, el 
Estado está dejando el campo libre a un mercado globalizado del ADN, dominado por empresas no europeas. Los datos genéticos más privados de los ciudadanos franceses se exportan así fuera de la Unión Europea, eludiendo las garantías del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Esta pérdida de soberanía expone a la población a riesgos de explotación comercial de su patrimonio biológico y al tráfico de datos ya documentado en redes clandestinas. Ante este punto muerto, el CESE propone ir más allá de la ilusión de una prohibición para construir un marco europeo y nacional verdaderamente protector.