Combatir la precariedad laboral mediante una economía más inclusiva

La precariedad laboral afecta a un amplio colectivo compuesto en su mayoría por jóvenes, mujeres, personas mayores, trabajadores poco cualificados, personas de origen inmigrante, personas con discapacidad y funcionarios públicos. Se intensifica en las zonas desfavorecidas: habitantes de barrios populares o zonas rurales y habitantes de los territorios de ultramar. La mayoría de los sectores de actividad se ven afectados (asistencia a domicilio, gran distribución, logística, salud, educación, agricultura, etc.). Esta precariedad laboral se intensifica en un contexto de transformaciones económicas y cambios en el mundo del trabajo: terciarización de las actividades y destrucción de los empleos industriales, desarrollo de la economía residencial, fragmentación y mayor flexibilización del empleo, digitalización de las actividades y recurso a la inteligencia artificial, aumento de la subcontratación, modelo dominante del «low cost», etc.
El creciente auge del trabajo precario en plataformas, que entra dentro del trabajo no declarado debido a la clasificación errónea de estos trabajadores como «autónomos»1, debilita las protecciones colectivas y amenaza la viabilidad financiera de los organismos de protección social debido a las cotizaciones y contribuciones sociales no recaudadas.
Buscar y encontrar un empleo, y sobre todo mantenerlo, resulta cada vez más difícil debido a la crisis de la vivienda y a las dificultades de transporte, especialmente para los empleos con horarios escalonados o con jornadas laborales fragmentadas (por ejemplo, en los oficios de asistencia a domicilio). El tiempo de desplazamiento entre el domicilio y el trabajo se ha duplicado en diez años y uno de cada dos trabajadores que reside en el medio rural recorre hoy más de 13 kilómetros para acudir al trabajo.